La Mancomunidad de Montejurra acogió recientemente una conferencia clave sobre las consecuencias del amianto y la urgencia de su retirada, con la participación de tres expertos: Isabel Vicuña, Juan Antonio Castilla y Aingueru Pérez. La charla abordó los devastadores efectos de este material cancerígeno, el rol de las corporaciones y administraciones públicas, y las acciones necesarias para eliminarlo de manera efectiva.
1 de octubre de 2024, sede Mancomunidad de Montejurra
Testimonio de una trabajadora afectada
Isabel Vicuña, ex trabajadora de la fábrica Agni, ofreció un emotivo testimonio sobre su experiencia manipulando amianto durante más de ocho años. Durante ese tiempo, los trabajadores, en su mayoría mujeres, no contaban con ningún tipo de protección adecuada, lo que provocó enfermedades graves entre los empleados. Isabel relató cómo la fábrica ignoró las peticiones de mascarillas adecuadas y, a pesar de saber los riesgos, continuó exponiendo a sus trabajadores al peligro. "Hemos enterrado a muchos compañeros a lo largo de 30 años, todos víctimas del amianto", afirmó.
Este testimonio subrayó la falta de información y la negligencia de las empresas que, a pesar de conocer los riesgos del amianto desde los años 50, siguieron utilizándolo debido a sus propiedades económicas y versátiles.
El peligro del amianto y la falta de regulación
Juan Antonio Castilla, portavoz de ADAVAN, explicó cómo el amianto, un mineral altamente cancerígeno, se utilizó masivamente entre los años 70 y 90 en diversos productos debido a su bajo coste y su capacidad para aislar del frío, calor y ruido. A pesar de su prohibición en 2002, aún quedan enormes cantidades de amianto instaladas en infraestructuras, particularmente en zonas industriales como Navarra, que ahora representan un riesgo para la salud pública.
Castilla criticó la falta de acción por parte de las administraciones públicas y empresas que, sabiendo los riesgos del amianto, no tomaron las medidas necesarias para proteger a los trabajadores. Además, subrayó la necesidad de aumentar el presupuesto destinado a la retirada del amianto y crear fondos de compensación para las víctimas, que según cálculos podrían alcanzar las 130,000 muertes en España para 2050.
La eliminación del amianto: un reto para los ayuntamientos
Aingueru Pérez, técnico del Departamento de Salud Laboral del Gobierno de Navarra, expuso las obligaciones legales de los ayuntamientos para realizar un censo de las instalaciones con amianto antes de 2028 y proceder a su retirada. Aunque el Plan Director de Eliminación del Amianto en Navarra fue aprobado por unanimidad, los avances han sido lentos debido a la falta de recursos y financiación.
Pérez también alertó sobre los desafíos técnicos de identificar y gestionar el amianto, señalando que su presencia no siempre es visible y requiere estudios detallados de los edificios. “La vida útil del amianto está llegando a su fin, lo que aumenta el riesgo de que se convierta en un problema de salud pública a gran escala”, explicó.
Un llamado a la acción
La conferencia finalizó con un llamado a la colaboración entre instituciones, ayuntamientos y la sociedad para acelerar la eliminación del amianto y evitar más muertes. Los ponentes subrayaron la necesidad de aplicar el Plan Director de forma efectiva y garantizar la vigilancia de la salud de las personas que han estado expuestas a este material. Isabel Vicuña, que lleva años luchando por los derechos de las víctimas, concluyó la charla con un mensaje contundente: “No podemos permitir que más personas sigan sufriendo por la negligencia de quienes sabían los riesgos del amianto y no hicieron nada para detenerlo”.